SANTO DOMINGO – En un ejercicio de comunicación directa y transparencia política, el presidente Luis Abinader se refirió recientemente a uno de los capítulos más complejos de su actual gestión: la propuesta de Modernización Fiscal. Según el mandatario, el retiro del proyecto de ley del Congreso Nacional no fue solo una respuesta a las protestas ciudadanas, sino una consecuencia de que la población no logró asimilar el propósito real y los beneficios a largo plazo que buscaba esta reforma estructural.
El reto de comunicar la necesidad fiscal
Durante su intervención, el jefe de Estado enfatizó que la reforma no fue diseñada con un espíritu recaudatorio punitivo, sino como una herramienta indispensable para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y el desarrollo de infraestructuras críticas. No obstante, Abinader reconoció que hubo una brecha significativa entre la intención técnica del Ejecutivo y la percepción social de la medida.
«La gente no entendió la reforma fiscal que impulsaba el Gobierno», afirmó el mandatario, sugiriendo que la complejidad del texto y la rapidez con la que se intentó implementar generaron un clima de incertidumbre. Para el Gobierno, la pieza buscaba reducir el déficit fiscal y disminuir la dependencia del endeudamiento externo, puntos que, a juicio del presidente, no fueron comunicados de manera efectiva hacia los sectores que se sintieron más vulnerables ante los posibles nuevos gravámenes.
Un Gobierno que escucha: El retiro del proyecto
La decisión de retirar la propuesta del Congreso fue vista por muchos analistas como un movimiento estratégico para preservar la paz social y la estabilidad política. Abinader subrayó que su administración se caracteriza por ser «un Gobierno que escucha», y que ante la falta de consenso nacional, lo más prudente fue dar un paso atrás. Sin embargo, esta retirada plantea interrogantes sobre cómo se financiarán los proyectos de gran envergadura prometidos para este cuatrienio.
El mandatario insistió en que los problemas estructurales que la reforma pretendía solucionar siguen presentes. La necesidad de mejorar el sistema eléctrico, fortalecer la seguridad ciudadana y ampliar la red de transporte masivo requiere de recursos que el presupuesto actual, sin una reforma, difícilmente podrá cubrir en su totalidad sin recurrir a más préstamos. El reto ahora es identificar nuevas vías de eficiencia administrativa y control del gasto para compensar la ausencia de la nueva ley.
Reacciones y el futuro económico
Las declaraciones del presidente han generado un amplio debate entre sectores empresariales, sindicatos y la sociedad civil. Mientras algunos grupos alaban la sensibilidad del mandatario al retirar una pieza que consideraban lesiva para la clase media, otros economistas advierten que la postergación de una reforma integral solo transfiere la carga del ajuste hacia el futuro, aumentando el riesgo país ante las agencias calificadoras internacionales.
Abinader ha sido claro en que, aunque el proyecto original fue descartado, el diálogo sobre la salud financiera del país no puede detenerse. El Gobierno busca ahora alternativas que permitan mantener el crecimiento económico, que ha sido uno de los pilares de su gestión, sin afectar la paz social que es vital para la inversión extranjera y el turismo.
Conclusión: La pedagogía política como tarea pendiente
Este episodio deja una lección fundamental para la administración actual: la pedagogía política es tan importante como la capacidad técnica. El presidente Abinader parece haber tomado nota de que las reformas de gran calado requieren de un proceso de socialización previo mucho más profundo y participativo.
El país observa ahora los próximos pasos del tren gubernamental. La gran pregunta que queda en el aire es si se intentará una nueva propuesta bajo un esquema de consenso o si el Gobierno optará por medidas administrativas parciales. Por ahora, el mensaje presidencial es de calma, pero también de advertencia: las soluciones a los problemas históricos de la República Dominicana requieren que, en algún momento, todos los sectores entiendan y acepten la cuota de sacrificio necesaria para el bienestar común.
